Un juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, al determinar que el congelamiento aplicado desde 2019 fue inconstitucional.

La resolución fue emitida el 31 de marzo por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a cargo del juez Ulises Oswaldo Rivera González, quien concedió un amparo al exmandatario.

De acuerdo con el fallo, la UIF no acreditó que el bloqueo de cuentas estuviera sustentado en una solicitud de una autoridad extranjera u organismo internacional, requisito exigido por la jurisprudencia vigente al momento en que se aplicó la medida. El juzgador concluyó que el aseguramiento respondió a razones de carácter estrictamente nacional, lo que vulneró el principio de seguridad jurídica.

La sentencia ordena permitir el acceso a los recursos económicos asegurados, aunque limita sus efectos a las cuentas congeladas en 2019.

Pese a la resolución favorable en materia administrativa, la situación penal de Yarrington no se modifica. El exgobernador permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano, donde enfrenta procesos por delincuencia organizada, presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas, así como una causa por operaciones con recursos de procedencia ilícita iniciada en 2025.

En enero de 2026, un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento en su contra por narcotráfico, lo que implica la celebración de nuevas audiencias para la valoración de pruebas.

Yarrington fue deportado a México en abril de 2025 tras cumplir una sentencia en Estados Unidos por lavado de dinero, luego de declararse culpable de recibir sobornos millonarios.

Las resoluciones recientes a su favor derivan de fallas técnicas en los procesos y no implican una absolución, por lo que el exmandatario continuará sujeto a los procedimientos judiciales en curso.