40 AÑOS DEL ARCHIVO DE PROGRESO
Este artículo fue publicado en la edición 115 del mes de febrero de 1999 de la Revista Progreso.
A 17 días de concluida la administración de Manuel Cavazos Lerma, la administración actual recibió grandes pasivos de esa construcción del “Nuevo Amanecer” que se anunció el 5 de febrero de 1993, y que el ex mandatario siempre presentó al nivel de un acto refundacional de Tamaulipas.
Su más ambicioso proyecto, el Canal Intracostero de Tamaulipas (CIT), no pasó de los planos a la ejecución. Con severas críticas internas y extranjeras, Cavazos Lerma terminó su mandato y fue acusado de tirar a la basura más de 200 millones de pesos para sacar adelante el CIT sin resultados tangibles.
En los meses en que “el sueño centenario” empezaba a hundirse sin remedio, el entonces gobernador lo defendía a capa y espada. De hecho llegó al grado de pretender comprometer la continuación del proyecto más allá de febrero de 1999. El 7 de julio de 1997, declaró en Reynosa que el nuevo mandatario estatal sería un irresponsable si abandonaba el que fue su obsesión sexenal.
¿Qué pasará con ese proyecto? Si finalmente quedó atascado debe llamarse a cuentas a quienes lo alentaron voluntariosamente sin detenerse en nada, hasta que se estrellaron con la imposibilidad de hacerlo trasponer las dificultades para su financiamiento y el rechazo del gobierno texano a una interconexión.
Temas como los de la convivencia democrática y la honestidad, éste último concepto elevado por él al nivel de dogma, quedaron irresueltos y definieron un escenario distinto a la oferta política del mandatario estatal cuando recorrió el estado como candidato y luego durante su trashumeante administración.
Por ejemplo, especialmente a partir del primero de enero de 1996 cuando Cavazos Lerma encontró 10 municipios administrados por la oposición, fue frontal su disputa con alcaldes de partidos distintos al suyo. Al gobernador se le acusó de que, a través de distintos mecanismos, pretendió reventar la imagen de esas administraciones y llegar al grado de bloquearles recursos o de canalizarlos a través de instancias consideradas como inconstitucionales por los ediles de oposición.
A principios de 1998, Bernardo Gómez Villagómez, entonces presidente municipal de Río Bravo, denunció que se empezaban a restringir recursos de cara al decisivo proceso electoral. Dijo que la intención es hacer aparecer a la oposición como incapaz de atender las necesidades de la comunidad.
El edil señaló que su segundo informe de gobierno se redactó en español e inglés. “Lo hicimos así porque alrededor del 20 por ciento de los donativos que recibimos provinieron de organizaciones humanitarias de Estados Unidos”.
Cavazos Lerma al referirse a la honestidad que exigía a sus colaboradores usaba uno de sus juegos de palabras favoritos: “No cambien pesos por libertad”. Sin embargo, a principios de 1997, la esposa del entonces secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado acusó a Pedro Hernández Carrizales, quiza el más cercano de los colaboradores de Cavazos Lerma, de enriquecimiento ilícito.
La canadiense Marie Janne Lise Guiroaurd, denunció que su esposo tenía una fortuna que no correspondía a su salario normal en el gobierno estatal, que en la demanda de divorcio que se ventilaba en ese entonces el funcionario había declarado era de 20 mil pesos mensuales.
Giroaurd hizo público que la casa en que vivían estaba valuada en 300 mil pesos y que en 1994 en un período de 4 meses que estuvo en Canadá, la vivienda fue remodelada con lujo de detalles, que incrementó el valor del inmueble a más de un millón y medio de pesos. “Yo me pregunto, ¿De dónde saca mi esposo tanto dinero?, si su sueldo es de 20 mil pesos mensuales y, según sus abogados, sus negocios están quebrados”, declaró en aquellas fechas la esposa de Hernández Carrizales.
Ahora, una vez terminada la administración cavacista, Hernández Carrizales está bajo la mira del Congreso debido a la presición de grandes fallas en la construcción de la carretera Rumbo Nuevo y en general en las obras del sistema carretero tamaulipeco que se realizaron en el sexenio cavacista.
Otra de las deudas que dejó Cavazos Lerma con la sociedad fue la de una grave inseguridad pública. El cinco de febrero de 1993, el día de su toma de protesta como gobernador del Estado, en su alocución por ese motivo propuso a los tamaulipecos “un proyecto integral y visionario; por lo mismo estamos concientes de que a la inseguridad hay que combatirla en sus raíces”.
Para desgracia de los políticos, la realidad es necia y siempre los deja mal parados y los gobernados terminan pagando las consecuencias. En los seis años (1993-1999) del mandato del hombre del “Nuevo Amanecer”, la inseguridad alcanzó niveles impresionantes en el Estado. Todavía hoy Tamaulipas observa con preocupación, angustia y azoro como las calles de las principales poblaciones del Estado están convertidas en tierra de nadie. La delincuencia tiene como rehén a la población tamaulipeca y ha rebasado por mucho a la autoridad, lo que ocurre ahora con Miguel Alemán es una muestra.
La seguridad pública, uno de los doce compromisos que asumió al rendir protesta como gobernador, fue corroída completamente por la corrupción. Ese es uno de los grandes saldos que dejó el ex mandatario estatal con la comunidad tamaulipeca. La sociedad demanda una acción drástica para acabar con esa lacra que nos alcanza con dramáticos, sangrientos y trágicos resultados.
El compromiso que hizo ese cinco de febrero para depurar las policías, los ministerios públicos y todos los órganos de procuración de justicia del Estado a fin de reducir la desconfianza ciudadana, y reducir abusos e injusticias, se ahogó en la inmundancia que cubrió esas instancias de gobierno.
Esa lacra, siempre minimizada con arrogancia por el ex mandatario estatal, se manifestó en un aumento de la incidencia de los delitos, especialmente de los considerados graves. Se convirtió en un pesado y oprobioso lastre que lastimó la integridad de la sociedad y terminó como una de las causas principales de la inseguridad pública.
Aquellos que como servidores públicos en el sexenio pasado privilegiaron sus corrompidos y mezquinos intereses, abrieron las puertas de Tamaulipas al demonio de la delincuencia organizada.
Ellos fueron los verdaderos enemigos de un pueblo cansado y hastiado de la impunidad. Por eso, hoy quienes ahora asumieron la responsabilidad del destino de Tamaulipas, se mueven en el yerro de la desconfianza ciudadana.
Sin embargo, terminado el período de Manuel Cavazos Lerma, un sano mensaje en este entorno de perversión del sistema de justicia fue la llegada de Ana Teresa Luebbert Gutiérrez a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Con su solidez moral y profesional seguramente devolverá su dignidad a la administración de justicia en Tamaulipas.
En el ámbito de la Procuraduría General de Justicia, se perfilan acciones para combatir los feudos construidos para la satisfacción de intereses de grupo. Tarea nada fácil porque la corrupción ahí es profunda. Agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial del Estado literalmente cohabitan y duermen con el enemigo. El tiempo dirá la última palabra.
Podrían decir que 17 días no son nada pero los tamaulipecos no podemos esperar más.
Revista Progreso 